lunes, mayo 08, 2006

¿Mentalidad mercantilista? No, gracias.

Aceptar la mentalidad mercantilista que nos quiere imponer el Gran Capital, es un error. Inmenso error.

Productividad, competitividad... ¿Qué significa eso en realidad?

Un robot siempre será más productivo que un obrero.

Un hambriento dispuesto a trabajar de Sol a Sol por un par de dólares, siempre será más productivo que un peón europeo.

Un ingeniero paquistaní o indio, siempre cobrará menos que un ingeniero holandés.

No debemos caer en esa dialéctica de la productividad y la competitividad, porque entonces está todo perdido.

Una sociedad es muchas más cosas que un mercado global.

¿Tenemos universidades, tenemos investigadores, tenemos infraestructuras, tenemos medios para producir de forma racional, tenemos cierto nivel de vida, cierto nivel de seguridad jurídica, de seguridad de las personas...? Eso es muy importante.

Los gobiernos, los Estados, no deben ser meros agentes que miren lo que pasa. La "soberanía nacional", no es sólo una frontera, es una cierta calidad y condiciones de vida, y el mercado, el capital, no puede estar por encima de la "soberanía nacional" sólo porque en su dialéctica de todo por la pasta (la misma que tienen sus lacayos los políticos) la competitividad o la productividad sean más importante para el Gran Capital que el bienestar de las personas.

Un ejemplo: las frutas y verduras van carísimas, pero en España se están dejando pudrir en la mata porque al agricultor le pagan el kilo a dos céntimos de euro.

¿Motivos?

Los importadores ganan más dinero comprando frutas turcas, o del magreb a dos céntimos el kilo, lo venden a 1 euro y nosotros pagamos 2 euros el kilo.

Esta es la dialéctica de la competitividad, de la globalización: ganancias desmedidas para unos pocos capitalistas.

Lo justo sería que el Estado diera facilidades a los agricultores para organizarse en cooperativas, los asesorara, y que ellos mismo comercializaran sus productos en sus propias redes comerciales.

Otra solución sería establecer un canon fijo para el intermediario. Es decir, que no pueda multiplicar el precio de origen en un 5.000 por cien (el importador incrementa el precio 50 veces su valor de compra en origen) que es lo que pasa ahora. De esta forma, permitiendo que lo incrementara en un 200 por cien, en lugar de 2 euros, el importador las vendería a 4 céntimos, y nosotros las pagaríamos en tienda, pongamos que a 50 céntimos, una cuarta parte de su precio actual.

La otra solución, la mejor, sería dejar el precio del mercado libre, como ahora, y ayudar a que los agricultores comercialicen sus productos mediante cooperativas y redes comerciales propias.

Esto sería muy beneficioso para garantizar poblaciones estables en el campo, redistribuir las rentas, de la ciudad al campo, y frenar la especulación despiadada (5000 por cien) de los grandes importadores.

¿Qué hace el Estado, las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos, para ayudar a los productores agrícolas españoles?, pues nada de nada.

La excusa: no son competitivos.

Nuestros políticos tampoco son competitivos y cobran muy buenos sueldos y muy buenas mordidas. Y entre Montilla y un saco de patatas, me quedo con el saco de patatas.

Esclavitud subvencionada

Las cosas tienen muy fácil solución. La verdad es que los políticos están donde están, no para solucionar las cosas, están ahí para que las cosas no cambien, y si cambian, que sean para el bien de los ricos. Son una contención razonable, de comercial engaña bobos, entre la policía, el chantaje y el impuesto revolucionario.

España es deficitaria en algo tan básico como la energía o el agua.

Curiosamente se han invertido billones de las antiguas pesetas en Trenes de Alta Velocidad, en Televisiones públicas, en autopistas de pago, en aeropuertos. Todas estas infraestructuras son muy importantes, no cabe duda, pero son un negocio, y especialmente, son un negocio no vital, incluso, como las televisiones públicas, nada vital.

¿Qué es vital? Vital es que una ciudad, un hotel, una urbanización, una comunidad de regantes, los olivareros, tengan suministro de agua o de electricidad.

Si se hubiese invertido la mitad, sólo la mitad, de ese dinero público en instalaciones eólicas, solares, viviendas ecológicas, desalinizadoras, potabilizadoras de agua, y se hubiese atajado la especulación urbanística de forma que las arcas del Estado se nutrieran de una bien llevada y sostenible planificación inmobiliaria, estaríamos a la altura de Suecia.

Todo es una rueda. Si no hay agua, los olivos se secan, si no hay aceitunas, el precio del aceite se pone por los cielos, si todo sube de precio, somos poco atractivos turísticamente, y si las ciudades costeras no tienen agua, o un mal suministro de electricidad, muere el turismo, la agricultura y las inversiones.

¿Solución? La solución está dicha: invertir dinero público en crear riqueza, no en recaudar dinero de las nóminas.

¿La solución de los políticos? Regalar dinero público cuando el problema sea acuciante, con la excusa de la prioridad absoluta, a empresas de los amigos, que harán auténticos parches, sacarán inmejorables dividendos y nos eternizarán el problema, porque los problemas son dinero, mucho dinero.

Muy someramente, para esto es para lo que valen los políticos.

La solución es muy sencilla: dedicar el dinero público a garantizar aquello que proclama la Constitución: vivienda, sustento, recursos naturales, agricultura, formas tradicionales de vida, trabajo digno y bien remunerado...

Nada de esto se cumple.

Ahora, un año después de la famosa regularización de ilegales, resulta que hay en España 1.200.000 trabajadores ilegales.

¿Qué hace la inspección de Trabajo? ¿Qué hacen los sindicatos? ¿Qué hacen las administraciones públicas con las subcontratas?

¿Alguien que no sea subnormal puede creerse que el entramado administrativo valga para algo? ¿Se puede entender que 1.200.000 personas puedan estar trabajando de forma ilegal, con dinero negro, en puestos de trabajo sin ninguna garantía y sin ningún derecho legal?

Sí, se entiende porque para eso están los políticos, para que los ricos sean cada día más ricos y los pobres cada día más pobres.

Como guinda, para paliar los efectos de esta explotación humana, nuestros queridos políticos dedicarán los recursos públicos disponibles en ayudas familiares, escolares o sanitarias para estas personas ilegales que con su esfuerzo y sus nulos derechos, consentidos por la administración, hacen a los ricos más ricos y compiten laboralmente con los más pobres.

Todo es una tomadura de pelo, pero una tomadura de pelo en la que se utiliza la palabra ilegal como sustituto de esclavitud, y la palabra "gasto social" como limosna no dada por los ricos, para qué, limosna sacada de las nóminas de los trabajadores que han de competir laboralmente con estos esclavos a los que subvencionan para paliar las pésimas condiciones sociales en las que han de sobrevivir.

El círculo es perfecto.